El gobierno federal presentó un plan de remediación para el Río Sonora, contaminado desde 2014 por un derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, pero omite responsabilizar a la empresa, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS). En una reunión el 20 de mayo con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, las comunidades afectadas señalaron la falta de un presupuesto definido, plazos claros y medidas concretas para ejecutar el plan.
La propuesta, discutida con funcionarios de Semarnat, Profepa, Conagua e IMSS-Bienestar, retoma acuerdos previos del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, pero carece de avances tangibles, según los CCRS. Las comunidades lamentaron que no se contemple una estrategia legal para obligar a Grupo México a cumplir resoluciones judiciales, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2019, que anuló el cierre del Fideicomiso Río Sonora por no consultar a las víctimas. Este fideicomiso, creado en 2014 para reparar los daños, fue clausurado unilateralmente, violando el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano. Además, criticaron la ausencia de instituciones clave como el IMTA y el INECC, cuyos estudios son fundamentales para abordar la contaminación.
Por otro lado, los CCRS exigieron transparencia en el Plan Hídrico para Sonora, que incluye la construcción de presas y acueductos, alertando que estos proyectos requieren el consentimiento informado de las comunidades y una remediación previa del río. También demandaron que IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud rindan cuentas sobre los estudios que confirman la exposición a metales pesados en la población, abandonados por las autoridades en 2023.
Las comunidades reiteraron su compromiso de participar en el proceso, pero exigieron un plan estructurado con plazos, responsables, presupuesto claro y una comisión de supervisión con participación activa de las víctimas. “La justicia ambiental no es negociable”, concluyeron, tras casi once años de lucha por una reparación integral.
