La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la retroactividad que el Senado incorporó a la reforma de la Ley de Amparo, al afirmar que la Constitución prohíbe tales efectos salvo modificaciones explícitas en su texto. Pidió analizar con cuidado el artículo transitorio para garantizar su aplicación correcta en la Cámara de Diputados. Subrayó que la iniciativa original del Ejecutivo no incluía ese agregado, lo cual viola principios constitucionales de certeza jurídica.
El transitorio obliga a aplicar la nueva ley a decretos emitidos tras su aprobación, medida que Sheinbaum calificó de innecesaria porque las normas entran en vigor para hechos posteriores sin requerir disposiciones adicionales. Explicó que solo una reforma constitucional podría justificar retroactividad en contratos o acciones previas, y demandó claridad sobre el alcance del artículo para evitar interpretaciones ambiguas. Insistió en que el Senado alteró la propuesta sin base legal adecuada, lo que genera riesgos para procesos judiciales en curso.
La reforma busca reducir tiempos en la justicia, especialmente en casos comerciales y fiscales que duran hasta 20 años, sin eliminar el derecho al amparo ni modificar la Constitución. Destacó ajustes en procedimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelamientos de cuentas por lavado de dinero, basados en jurisprudencia vigente. Afirmó que las principales cambios priorizan una resolución expedita de controversias, alineados con la reforma judicial de 2024.
