Dulce Belén Sánchez Castañeda, ex policía federal, permanece recluida desde 2012 en el penal de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, tras recibir una condena de 70 años por secuestro exprés y robo, delitos que asegura no cometió. Pruebas de su inocencia, como su presencia en los Juegos Panamericanos en otro estado al momento del crimen, no se consideraron en el proceso. Su defensa ha presentado un amparo que aún espera resolución, mientras activistas y su familia denuncian irregularidades, como tortura y omisión de su embarazo durante la detención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza el caso por posibles violaciones a derechos humanos.
Sánchez Castañeda, embarazada de gemelas al momento de su arresto, perdió a sus hijas en prisión y enfrenta secuelas físicas, como pérdida de visión y problemas neurológicos, derivadas de la violencia sufrida. Su caso refleja fallos en el sistema judicial mexicano, donde la presunción de inocencia no siempre se respeta, según organizaciones de derechos humanos. La acusación se basó en pruebas débiles, y el certificado médico omitió su estado de embarazo, lo que su defensa considera una grave irregularidad. La lucha por su libertad ha ganado apoyo en redes sociales, con campañas que buscan visibilizar su situación.
El amparo presentado en 2023 constituye la principal esperanza para revertir la sentencia de Sánchez Castañeda, mientras su caso se ha convertido en un símbolo de injusticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría intervenir si se comprueban violaciones procesales. Organizaciones civiles y su familia piden celeridad en la resolución y exigen reformas al sistema penal para evitar casos similares. La revisión del caso por la Corte Interamericana podría sentar un precedente en la protección de derechos en México.
