El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo demandó al gobierno federal esclarecer el asesinato de la activista María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, ocurrido en el fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La organización calificó el crimen como un “mensaje de represalia” dirigido a colectivos que buscan a personas desaparecidas. Además, solicitó protección inmediata para los integrantes del Colectivo Luz y Esperanza, al que pertenecía Morales, ante el riesgo que enfrentan por su labor.
El doble homicidio se registró en un contexto de violencia contra defensores de derechos humanos en México. Morales, dedicada a la búsqueda de desaparecidos, y su hijo fueron atacados en su domicilio, según reportes de la fiscalía de Jalisco, que ya investiga el caso. El Comité anunció la suspensión de sus actividades de búsqueda en campo debido a la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno, lo que refleja la vulnerabilidad de los activistas en la región.
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado que México es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. En 2024, al menos 15 activistas fueron asesinados, según el Centro Mexicano para los Derechos Humanos. En Tamaulipas, donde opera el Comité, la violencia vinculada al crimen organizado agrava la situación, con casos como el de Miriam Rodríguez, asesinada en 2017 tras buscar justicia por el secuestro de su hija.
La fiscalía de Jalisco no ha revelado avances significativos en la investigación, pero el Comité insistió en que el crimen busca intimidar a quienes alzan la voz por los desaparecidos. La organización también exhortó a las autoridades a implementar medidas efectivas para proteger a los colectivos, cuya labor ha visibilizado los más de 100 mil casos de desapariciones registrados en el país, según datos oficiales.
