Expertos advierten que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita eleva riesgos para asesores y desarrolladores. Multas alcanzan hasta 7.3 millones de pesos por omisiones en verificación de clientes. El sector urge capacitación para mitigar impactos operativos.
La reforma, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, incorpora el desarrollo inmobiliario como actividad vulnerable y exige a los asesores identificar clientes en transacciones superiores a ocho mil 25 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 908 mil 415 pesos. Deben validar identidades, orígenes de fondos y beneficiarios controladores con al menos 25 por ciento de participación en empresas involucradas. Ante indicios de irregularidades, notifican a la Secretaría de Hacienda en 24 horas y conservan expedientes por 10 años. Esta medida fortalece controles contra operaciones ilícitas, según expertos como Jorge Rodríguez de Regcheq México.
Sanciones administrativas oscilan entre 20 mil y 1.1 millones de pesos por fallas en reportes o evaluaciones de riesgo, con agravantes penales en casos graves que incluyen revocación de permisos. Desarrolladores implementan políticas internas, manuales de cumplimiento y auditorías periódicas para clasificar clientes en bajo, medio o alto riesgo basado en pagos en efectivo o perfiles políticos. La norma ofrece corrección espontánea por única ocasión para evitar multas totales, siempre que se reconozca la infracción antes de verificaciones. Especialistas destacan que las Reglas de Carácter General, pendientes para julio de 2026, detallarán procedimientos específicos.
