Aunque la eutanasia activa figura como homicidio por piedad en la Ley General de Salud, médicos y familias la aplican de forma privada en casos terminales, con acceso desigual para quienes poseen recursos. Rodolfo Santa María, director del documental «El último viaje», denuncia esta práctica cotidiana no regulada, que genera inequidad social y éticas pendientes. Iniciativas como la Ley Trasciende, impulsada por la paciente Samara Martínez, buscan legalizar el suicidio asistido para garantizar dignidad en el fin de vida.
El filme de Santa María retrata al tanatólogo Federico Rebolledo, quien enfrentó cáncer terminal durante su rodaje y defendió la muerte como «acto de vida» mediante sedación paliativa, un procedimiento legal que alivia sufrimiento sin interrumpir vitales artificiales. Esta figura contrasta con la prohibición federal, vigente desde 2008 pese a la Ley de Voluntad Anticipada que permite negarse a tratamientos prolongadores. Organizaciones como Libertad para Morir presionan al Congreso por reformas, aunque la religiosidad y costos políticos frenan avances legislativos.
Pacientes como Martínez, diagnosticada con esclerosis múltiple progresiva, reclaman autonomía en decisiones terminales, similar a modelos en Colombia o España donde la eutanasia se regula desde 1997 y 2002, respectivamente. En México, la desinformación médica obstaculiza el conocimiento de opciones como la carta de voluntad, que documenta preferencias ante incapacidad. Expertos coinciden en que la irregularidad actual expone a profesionales a riesgos penales, mientras la sociedad madura hacia un debate inclusivo sobre el buen morir.
