Activistas critican al gobierno de Rubén Rocha Moya por presentar retrocesos disfrazados de avances en derechos humanos en Sinaloa, ante una crisis humanitaria por violencia criminal que deja miles de desplazados y más de dos mil 200 desaparecidos desde septiembre de 2024.
Surgida desde septiembre de 2024 por la pugna entre facciones del cártel de Sinaloa, la violencia genera miles de desplazamientos forzados en zonas como la sierra sur y Concordia, con familias que enfrentan inseguridad, falta de suministros e incendios provocados por el crimen organizado. Ante recursos públicos disponibles, el Estado responde solo con despensas limitadas, sin alternativas reales para garantizar condiciones dignas, según denuncian colectivos acompañados por Rita Tirado. Con la violencia como excusa, las autoridades evitan acciones integrales pese a propuestas como caravanas civiles para atender crisis multifactoriales.
Superan las dos mil 200 desapariciones registradas desde esa fecha, con más del 60 por ciento de víctimas sin localizar y colectivos como Sabuesos Guerreras que estiman hasta tres mil casos, ante un promedio actual de cinco por día, principalmente jóvenes de 15 a 34 años. Duplica esta cifra la previa a la escalada, con aumento también en delitos contra mujeres, niñas y adolescentes, donde feminicidas aprovechan el caos. Persiste el rezago forense con cuerpos retenidos largo tiempo en el SEMEFO, junto a insuficiente seguridad para búsquedas, pese a reiteradas menciones a autoridades por parte de colectivos como Por las Voces sin Justicia.
Critican activistas como Alejandra Martínez Carrizales el exceso de discursos de apoyo sin acciones concretas, ante un estancamiento que enmascara retrocesos en derechos humanos. Usa la Comisión Estatal de Derechos Humanos la violencia como pretexto para no atender el desplazamiento, pese a alternativas viables. Demandan los colectivos mayor compromiso institucional para enfrentar la crisis humanitaria derivada de la pugna criminal, con énfasis en protección efectiva a víctimas.
