Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 11 de agosto una denuncia ante un tribunal de Texas contra siete empresas estadounidenses y dos residentes mexicanos, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, por participar en un esquema de sobornos para obtener contratos con Pemex.
Las empresas acusadas son Tubular Technology, Energy On Shore Services, Cimentaciones Estructuras y Líneas, Techno Marine de México, Isa Data, Roma Energy México y Roma Energy Holding. Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos, se dedicó al sector privado, mientras que Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex inhabilitado por vínculos con el caso Oceanografía y excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche, permanece prófugo. Pemex conoció las investigaciones desde el 3 de abril de 2024.
Entre 2019 y 2021, Rovirosa y Ávila presuntamente pagaron al menos 150 mil dólares en sobornos, incluyendo artículos de lujo como bolsos Louis Vuitton y relojes Hublot, a tres funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) para manipular licitaciones y asegurar contratos por 2.5 millones de dólares. Los funcionarios, identificados como Roberto P., Juan V. y Erick N., fueron desvinculados de Pemex antes de que la empresa tuviera conocimiento de la denuncia estadounidense.
México reabrió cinco auditorías y abrió nuevas investigaciones para esclarecer el caso. Buenrostro destacó que dos contratos, firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, concluyeron en 2020.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno colabora con Estados Unidos para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. En México, la Fiscalía General de la República reactivó investigaciones y ejecutó un cateo en el domicilio de Ávila en Campeche, donde se aseguraron documentos relacionados con la red de sobornos.
Los acusados enfrentan cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Las autoridades mexicanas subrayaron que no protegerán a quienes hayan incurrido en actos de corrupción y buscarán la reparación del daño.
