Por: Aylin Paredes
Tras casi dos décadas en prisión preventiva, Israel Vallarta Cisneros fue absuelto por un juez federal, al no acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad. La juez Mariana Vieyra Valdez, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, emitió la sentencia absolutoria y ordenó su liberación inmediata. Vallarta fue detenido en 2005 junto con Florence Cassez, en un operativo televisado que posteriormente fue reconocido como un montaje.
Esta resolución ocurre luego de un prolongado proceso legal sin sentencia definitiva, tiempo durante el cual el acusado permaneció encarcelado. En julio pasado, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito concedió un amparo que obligó a revisar la prisión preventiva, en atención a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU. El organismo había solicitado medidas alternativas ante el deterioro de la salud del imputado. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) resaltó que esta revisión aceleraría su posible liberación.
El caso de Vallarta ha sido ampliamente señalado por presuntas violaciones a derechos humanos, incluida la denuncia de tortura y la utilización de pruebas cuestionables durante el proceso judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente reafirmó la obligatoriedad de acatar las medidas provisionales emitidas por instancias internacionales, lo que refuerza el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos fundamentales. En 2013, Florence Cassez fue liberada bajo argumentos similares, al demostrarse irregularidades en su detención y proceso penal.
En ese contexto, la sentencia absolutoria reaviva el debate sobre la figura de la prisión preventiva prolongada y sus implicaciones para la justicia mexicana. La detención de Vallarta y Cassez marcó un hito por el tratamiento mediático y las fallas estructurales que expuso en el sistema penal. Hoy, la resolución judicial abre una nueva etapa para Vallarta, mientras organismos nacionales e internacionales insisten en la necesidad de revisar casos similares y fortalecer las garantías procesales en el país.
