Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), calificó el rescate bancario del Fobaproa como una «tragedia que pudo haberse evitado». Gómez explicó que el fondo, originalmente diseñado para proteger los ahorros bancarios, terminó cubriendo deudas privadas sin informar al Congreso, lo que generó una deuda pública que aún afecta a las finanzas nacionales. También señaló que la falta de transparencia y la conversión de pasivos privados en obligaciones públicas representaron un desfalco significativo para la nación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta postura, afirmando que el caso del Fobaproa no es solo una cuestión penal, sino un asunto de memoria y dignidad nacional. Criticó la gestión de Ernesto Zedillo por la privatización de los ferrocarriles y la reforma de pensiones, y recordó que durante su sexenio se cometieron actos de represión, como la masacre de Acteal en 1997. Sheinbaum subrayó la importancia de recordar estos eventos para evitar su repetición y fortalecer la democracia en el país.
Además, la mandataria se refirió a la reciente filtración de audios que presuntamente vinculan a Nilda Patricia Velasco, esposa del expresidente Zedillo, con líderes del Cártel de Colima. Los audios, divulgados por César Gutiérrez Priego, aspirante a ministro de la Suprema Corte e hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, incluyen conversaciones grabadas en 1996 que sugieren posibles vínculos con actividades ilícitas. Sheinbaum instó a que se investigue a fondo este asunto, destacando la necesidad de esclarecer cualquier relación entre exfuncionarios y el crimen organizado.
Estas declaraciones se producen en un contexto de confrontación entre Sheinbaum y Zedillo, quien recientemente publicó un artículo crítico hacia el actual gobierno, acusándolo de sustituir la democracia por una «tiranía sucia». La presidenta respondió señalando que Zedillo no tiene autoridad moral para hablar de democracia, dada su gestión pasada.
