Una corte federal de California impuso al cantante Gerardo Ortiz tres años de libertad supervisada y una multa de 1.5 millones de dólares tras declararse culpable de conspirar para violar la Ley Kingpin al actuar con una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Su cooperación con el FBI le permitió evitar la prisión. La sentencia cierra un caso que reveló vínculos entre artistas y promotores sancionados por lavado.
El juez federal sentenció a César Gerardo Ortiz Medina por realizar conciertos para Gallística Diamante, empresa de Jesús Pérez Alvear, operador financiero del CJNG designado por el Tesoro estadounidense desde 2018.
Tras declararse culpable en mayo de 2024 y testificar contra su exrepresentante Ángel del Villar, Ortiz obtuvo la condena sin cárcel y permaneció en libertad bajo fianza de 10 mil dólares.
La colaboración del intérprete resultó clave en la condena de Del Villar a cuatro años de prisión por 11 cargos similares bajo la Ley Kingpin de 1999.
Ante el asesinato de Pérez Alvear en diciembre de 2024 en Ciudad de México, su abogado resaltó los riesgos que asumió Ortiz al declarar.
Con esta resolución, el caso expone cómo la normativa estadounidense alcanza a ciudadanos nacidos en su territorio, incluso si desarrollan carrera en México.
