En una jornada marcada por el consenso legislativo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 467 votos a favor, una reforma trascendental al artículo 73 de la Constitución Política. Esta modificación facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, cuyo objetivo central fue establecer bases sólidas para prevenir, investigar y sancionar este delito bajo criterios homogéneos en todo el territorio nacional, eliminando las disparidades que actualmente existen entre los códigos penales de cada entidad federativa.
Gracias a este cambio constitucional, el Estado mexicano buscó fortalecer la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, garantizando que los protocolos de investigación se realicen con una estricta perspectiva de género. Durante el debate en la tribuna, diversas voces destacaron que la medida no representó una reforma administrativa más, sino un esfuerzo por frenar la normalización de la violencia extrema y la impunidad. Se enfatizó que la justicia para las mujeres no debe depender de la ubicación geográfica del crimen ni de la relevancia mediática que este adquiera, sino de un marco legal robusto y uniforme.
A pesar del avance que significó esta homologación, el cuerpo legislativo reconoció que la armonización de las leyes es apenas una etapa inicial en la búsqueda de seguridad para las ciudadanas. Se subrayó la importancia de transformar paralelamente a las instituciones encargadas de procurar justicia, pues la eficacia de esta nueva ley general dependerá de su implementación real y de la capacidad del Estado para intervenir antes de que se consume la tragedia. Con esta aprobación, se dio el primer paso hacia una estructura jurídica que obligó a los tres niveles de gobierno a trabajar bajo un mismo estándar de protección y persecución del delito.
