El gobierno mexicano, en colaboración con el sector empresarial, ha anunciado la disponibilidad de 50 mil empleos para migrantes mexicanos que regresen al país, ya sea por deportación o de manera voluntaria. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó: «Aquí van a ser bien recibidos».
Sin embargo, especialistas señalan que la integración de miles de personas deportadas al mercado laboral mexicano representa un reto significativo. Alejandro Mosiño Jasso, director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato, advierte que México, con altos niveles de informalidad y empleo precario, podría enfrentar mayor presión sobre el desempleo y los salarios.
Alexa Castro, analista de la organización México, ¿Cómo vamos?, coincide en que las deficiencias estructurales del mercado laboral afectarán a quienes regresan al país. Ante la falta de oportunidades en el sector formal, muchos podrían verse forzados a ingresar a la economía informal, que en diciembre de 2024 se ubicó en 53.7 por ciento.
Además, aunque se logre la inserción en empleos formales, los beneficios no serán los mismos. A pesar del aumento histórico del 120 por ciento en el salario mínimo en México, el contraste con los salarios que percibían en Estados Unidos será significativo. En Estados Unidos, el salario mínimo es de 7.25 dólares por hora (aproximadamente 149 pesos), mientras que en México es de 278.80 pesos diarios y, en la frontera, de 419.88 pesos diarios.
Los expertos también advierten que el mercado laboral formal en México tiene una capacidad de absorción limitada. En 2024, la generación de empleo formal mostró un menor crecimiento, registrándose apenas 213,993 nuevos puestos, en comparación con los 651,490 de 2023. Las cifras más recientes del IMSS indican que en enero de este año se crearon 73 mil 167 empleos formales, una cantidad inferior a los 109 mil 021 puestos registrados en el mismo mes de 2024, mostrando una mayor desaceleración.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y empresariales, las medidas hasta el momento se consideran insuficientes para garantizar empleo a todos los posibles deportados, por lo que se requiere redoblar esfuerzos con el sector privado.
