El gobierno federal presentó este jueves 10 de abril de 2025 la nueva Ley de Obra Pública, una reforma enfocada en optimizar los procesos de contratación y ejecución de proyectos. Raquel Buenrostro, titular de Buen Gobierno, explicó en la conferencia matutina que esta iniciativa busca garantizar obras más seguras, efectivas y transparentes. Entre los cambios destaca la inclusión de diálogos estratégicos entre el Estado y el sector privado, una medida que permitirá a las empresas conocer a fondo los proyectos antes de participar, agilizando los tiempos administrativos y mejorando la precisión de las propuestas.
Además, la reforma incorpora herramientas como las subastas inversas, diseñadas para obtener mejores precios mediante una dinámica de competencia entre oferentes. Otro aspecto clave es la obligatoriedad de investigaciones de mercado, un paso que no existía previamente y que pretende dotar de mayor claridad a los procesos de licitación. Buenrostro subrayó que estas modificaciones responden a la necesidad de corregir vacíos normativos y fortalecer la trazabilidad en las contrataciones, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.
Por otro lado, se introduce la figura del supervisor de obra como un responsable solidario, cuya tarea será verificar que las construcciones cumplan con las especificaciones establecidas. Esto, según la funcionaria, busca elevar la calidad y seguridad de las edificaciones, evitando defectos que puedan retrasar la entrega o comprometer la integridad de los proyectos. Con estas medidas, el gobierno espera no solo acelerar los procesos, sino también consolidar un sistema más confiable y transparente en la gestión de obra pública, beneficiando tanto al sector privado como a la ciudadanía.
