Trabajadores del Ayuntamiento de Naucalpan denuncian que el alcalde Isaac Montoya exige cuotas equivalentes al 10 por ciento de sus salarios, con retenciones mensuales superiores a 10 millones de pesos. Las acusaciones involucran a funcionarios de Morena y derivan en carpetas de investigación en fiscalías estatales. El caso escaló hasta la Presidencia de la República, que lo turnó a la Secretaría de Gobernación.
Juan Olivas Islas, consejero político de Morena, presentó una solicitud de expulsión contra el alcalde Isaac Montoya y el director Ricardo Gudiño Morales por presuntas extorsiones a empleados no sindicalizados. Los cobros, entregados en sobres amarillos durante las quincenas, afectan a unos dos mil 500 trabajadores de áreas como OAPAS, Tesorería y Servicios Públicos. Funcionarios como Miguel Becerril y Claudio Oyoque participan en la recolección de fondos, según testimonios de ex empleadas Delia Ramírez y Carolina Juan Aguilar.
Delia Ramírez entregó ocho mil pesos mensuales de su salario de 35 mil pesos brutos, mientras que Carolina Juan aportó 750 pesos quincenales de sus siete mil 500 pesos netos. Policías municipales reportan retenciones de 820 pesos por quincena en sus ocho mil 200 pesos de ingreso. Las denunciantes comparecieron ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de México el 17 de septiembre, con evidencias como estados de cuenta que sustentan las acusaciones.
El alcalde Isaac Montoya negó las imputaciones y atribuyó las denuncias a campañas de desprestigio orquestadas por opositores como el senador Enrique Vargas del Villar. Olivas Islas rechazó cualquier desistimiento a cambio de liquidaciones, pese a presiones laborales reportadas por las víctimas. La Fiscalía Anticorrupción abrió carpetas de investigación por delitos que se persiguen de oficio, con posibles implicaciones en el partido Morena.
Antecedentes similares en administraciones pasadas de Morena, como en Texcoco entre 2013 y 2015, resaltan patrones de retenciones salariales para fines partidistas. Las ex empleadas enfatizaron vigilancia constante durante los cobros y temores por represalias en el empleo. El documento de denuncia llegó a la conferencia matutina presidencial, donde se instruyó su revisión inmediata por autoridades federales.
