El coordinador de Política y Gobierno de Presidencia, Arturo Zaldívar, precisó que la reforma a la Ley de Amparo no viola la Constitución ni aplica retroactividad en perjuicio de derechos consolidados. Propone ajustes al artículo transitorio para evitar confusiones en juicios en curso, como suspensiones definitivas. La iniciativa busca claridad procesal sin alterar el fondo de los casos existentes.
Arturo Zaldívar enfatizó que la Ley de Amparo opera como norma procesal, lo cual implica su aplicación a etapas futuras sin menoscabo de lo ya resuelto. En un diálogo con legisladores, sugirió establecer explícitamente que las fases concluidas generan derechos adquiridos bajo las reglas vigentes en su momento. Esta precisión pedagógica facilitaría la comprensión pública de la reforma, según expuso ante el Congreso.
Zaldívar recomendó prever con contundencia que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto se guíen por las nuevas disposiciones, sin retroactividad ni afectación a lo adquirido. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales medidas protegen la estabilidad jurídica en amparos en trámite. La propuesta mantiene el espíritu de la ley, pero eleva su claridad para un efecto educativo duradero.
