El Gobierno de Javier Milei ha generado controversia al reinstaurar términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar la discapacidad intelectual en Argentina. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó una resolución que utiliza esta terminología para definir los criterios médicos de invalidez laboral, requisito necesario para acceder a pensiones no contributivas desde septiembre de 2024.
La normativa clasifica a las personas con discapacidad intelectual en categorías como «idiota», «imbécil» o «débil mental» (profundo, moderado o leve), según su nivel de afectación. Esta clasificación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y colectivos que representan a personas con discapacidad, quienes consideran que estos términos son obsoletos y discriminatorios. Afirman que la resolución atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a la cual Argentina adhiere.
La abogada Agostina Quiroz, del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que estas expresiones «reproducen y refuerzan prejuicios históricos que agudizan la discriminación de las personas con discapacidad». Además, destacó que es especialmente problemático que sea el Estado quien recurra a estos discursos, ya que debería ser quien los combata.
Tras la difusión de la resolución en redes sociales y medios de comunicación, la ANDis reconoció que fue un «error» utilizar términos de la medicina psiquiátrica que han sido discontinuados. La agencia anunció que modificará la normativa para alinearse con los estándares médicos y normativos vigentes.
Este incidente ha reabierto el debate sobre el enfoque del Gobierno de Milei hacia las personas con discapacidad y la importancia de utilizar una terminología respetuosa y actualizada en las políticas públicas.
