La inconformidad de concesionarios del transporte foráneo por el reordenamiento del servicio en la capital oaxaqueña llegó hasta la Ciudad de México. Este jueves, un grupo de taxistas y usuarios de los Valles Centrales se manifestó frente a Palacio Nacional para solicitar la intervención del Gobierno Federal ante las medidas implementadas por la administración estatal.
Los inconformes entregaron un escrito dirigido a la presidenta de México, en el que denunciaron presuntos actos de persecución, multas, aseguramiento de unidades y afectaciones a la movilidad como consecuencia del programa de reordenamiento del transporte público.
Una comisión fue recibida por personal de Atención Ciudadana, donde expuso las problemáticas que, aseguran, enfrentan desde el inicio de la estrategia, al considerar que las acciones emprendidas afectan tanto a los concesionarios como a miles de usuarios que diariamente se trasladan desde municipios conurbados hacia la capital.
Los transportistas afirmaron que los operativos de supervisión han derivado en sanciones, aseguramiento de unidades, restricciones para ingresar al Centro Histórico y reubicación de bases, lo que ha complicado el traslado de estudiantes, comerciantes, trabajadores y adultos mayores, quienes ahora deben caminar mayores distancias o pagar un segundo transporte para llegar a sus destinos.
Durante su protesta también denunciaron que presuntamente se les pretende obligar a afiliarse a un sindicato y cubrir una cuota mensual de 4 mil 500 pesos para utilizar espacios de ascenso y descenso cercanos a la Central de Abasto, situación que calificaron como un posible «derecho de piso» y pidieron investigar.
Finalmente, solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales para revisar el modelo de reordenamiento, al señalar que la estrategia debe construirse con la participación de concesionarios y usuarios para evitar mayores afectaciones al servicio de transporte en los Valles Centrales.
