El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que las ganancias del huachicol fiscal financian campañas políticas, influyen en medios de comunicación y sostienen redes de corrupción en México. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa utilizan recursos del contrabando de combustibles para favorecer la elección de políticos que protegen sus intereses y facilitan operaciones ilícitas.
Este esquema, distinto al robo físico de ductos, consiste en importar combustible de Texas mediante empresas fachada, declararlo falsamente como aceites residuales o lubricantes y evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Los cargamentos cruzan la frontera por camiones, trenes o embarcaciones con documentación apócrifa y permisos irregulares. Una vez en México, el producto se almacena bajo control criminal y se distribuye en gasolineras fachada o puntos irregulares, con estimaciones de que representa entre una cuarta y una tercera parte del combustible comercializado en el país.
Como resultado de estas alertas, en junio de 2026 las autoridades estadounidenses sancionaron a Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financiero del CJNG, y a J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a empresas logísticas que movieron decenas de millones de dólares. Los recursos se lavan mediante transferencias, criptomonedas y adquisición de bienes de lujo, mientras los cárteles colocan aliados en puestos administrativos para acceder a contratos públicos y perpetuar el ciclo de evasión y financiamiento ilícito.
