La discusión sobre la reforma judicial volvió a tomar fuerza luego de que legisladores de Morena plantearan mover la elección de jueces, magistrados y ministros hasta 2028, con la intención de ajustar el proceso y evitar complicaciones.
La propuesta pone sobre la mesa separar esta elección de los comicios de 2027, al advertir que realizar ambos ejercicios al mismo tiempo podría saturar a los votantes, dificultar el análisis de perfiles y aumentar la politización en un proceso que, dicen, debe centrarse en lo técnico.
Además del cambio de fecha, la iniciativa plantea modificar los requisitos para quienes aspiren a cargos dentro del Poder Judicial. Entre los ajustes destaca eliminar el promedio académico como filtro y sustituirlo por evaluaciones más enfocadas en capacidades reales y experiencia profesional.
También se busca elevar la experiencia mínima para cargos de alto nivel y establecer certificaciones especializadas, con el argumento de fortalecer la calidad del sistema judicial.
Otro punto relevante es que el Instituto Nacional Electoral asumiría un papel más amplio en la organización del proceso, incluyendo la emisión de la convocatoria, además de la creación de un comité único que homologue criterios de evaluación.
Aunque sus impulsores aseguran que se trata de un fortalecimiento institucional, la propuesta surge en medio de cuestionamientos sobre la viabilidad de la reforma y las condiciones actuales para implementarla.
Por ahora, el planteamiento abre un nuevo frente de discusión en el Congreso, donde su aprobación dependerá de consensos amplios, en un tema que sigue generando debate sobre el rumbo de la justicia en el país.
