La salud pública en el estado de Oaxaca enfrentó una alerta significativa tras revelarse que más del 70% de las plantas purificadoras de agua operaron fuera de la normativa sanitaria vigente. El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Dr. Efrén Emmanuel Jarquín González, confirmó que el crecimiento desmedido de estos establecimientos, especialmente en colonias de nueva creación, superó la capacidad de actualización del padrón estatal. Durante la jornada de supervisión, se identificó que muchas de estas unidades abrieron sus puertas sin los permisos correspondientes, lo que obligó a las autoridades a intensificar las verificaciones rutinarias para garantizar que el recurso vital comercializado fuera apto para el consumo humano.
En este contexto, las autoridades explicaron que el fenómeno de la clandestinidad se acentuó en zonas como Santa Lucía, donde se detectaron múltiples negocios nuevos en lapsos de apenas una semana. Ante dicha situación, la estrategia de la Secretaría de Salud no inició con medidas punitivas inmediatas, sino con un protocolo de verificación y acompañamiento. El proceso consistió en inspeccionar las condiciones físicas de los inmuebles, realizar pruebas de laboratorio al agua y otorgar un plazo para la regularización de documentos. No obstante, se dejó claro que aquellos establecimientos que no lograran subsanar sus deficiencias sanitarias enfrentaron la suspensión de actividades de manera preventiva.
Finalmente, el organismo estatal enfatizó que la vigilancia se mantuvo firme no solo en la zona metropolitana, sino en las ocho regiones de la entidad, con el objetivo de erradicar prácticas indebidas o posibles actos de corrupción en la emisión de dictámenes. La prioridad de estas acciones fue salvaguardar el bienestar de las familias oaxaqueñas, asegurando que cada garrafón distribuido cumpliera con los estándares de higiene indispensables. Con esta postura, el gobierno buscó establecer un ordenamiento preventivo que permitiera a los proveedores alinearse a la ley antes de proceder con sanciones definitivas, manteniendo siempre la transparencia en el manejo de la crisis sanitaria.
