Por segundo día consecutivo, un grupo de ciudadanos de Mazatlán Villa de Flores, en la región mazateca de Oaxaca, se manifestó frente al Palacio Municipal para demandar la realización inmediata de elecciones extraordinarias que sustituyan al comisionado actual. Encabezados por Raúl Ojeda, los inconformes acusaron al diputado morenista Benjamín Viveros Hernández de obstaculizar el proceso y de mantener un grupo de choque en la localidad. Esta protesta se suma a la del martes, cuando denunciaron al comisionado Heriberto Porras Vásquez por incumplir su obligación de convocar los comicios, pese a la estabilidad en la comunidad.
El conflicto surge de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) emitida el 17 de diciembre pasado, que ordenó la reposición del proceso electoral tras revocar actos impugnados. Entre las irregularidades detectadas, destaca la falta de consulta previa a la ciudadanía sobre la reelección y la omisión del presidente municipal en convocar a las 76 comunidades para integrar el Consejo Electoral. Bajo el régimen de Sistemas Normativos Internos, Porras Vásquez fue designado comisionado, pero los habitantes lo señalan por postergar sin justificación las elecciones. Además, en una asamblea comunitaria del 1 de marzo, la población declaró vencido el plazo otorgado al funcionario y elaboró una relatoría que cuestiona la gestión de recursos y obras, afirmando que no corresponden a los asignados y que actualmente no hay proyectos en marcha, priorizando el proceso electoral.
En un comunicado oficial, la comunidad expresó su rechazo a la actitud tendenciosa de actores externos y del comisionado, quien, en lugar de cumplir sus atribuciones legales, retrasa la emisión de actos relacionados con la elección de concejales. «Lo que pedimos es ejercer el derecho de elegir libremente a nuestras autoridades, sin intromisión de actores políticos dentro de nuestra comunidad», enfatizó Ojeda. Este miércoles, las protestas se extendieron al Palacio de Gobierno, mientras se difunde que Mazatlán Villa de Flores figura en el programa de auditorías 2026 para revisar los recursos públicos de 2025, lo que podría intensificar el escrutinio sobre la administración provisional.
