México registró un total de 11 mil 81 víctimas de extorsión durante 2025, lo cual representa el nivel anual más elevado desde hace diez años. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman un incremento del 2.02 por ciento respecto al periodo previo, aun con la implementación de programas preventivos. El Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato se mantienen como las entidades con mayor incidencia de este delito patrimonial en el territorio nacional.
La cifra real podría ser superior debido a que este ilícito presenta uno de los niveles más bajos de denuncia ante las autoridades ministeriales. Estimaciones del Inegi señalan que el miedo a represalias y la falta de confianza institucional inhiben el reporte ciudadano en más del noventa por ciento de los casos. Expertos en seguridad advierten que la expansión territorial de grupos criminales impulsa el cobro de piso mediante modalidades directas y digitales que afectan al sector comercial.
El Gobierno Federal busca contrarrestar esta tendencia a través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y una propuesta legislativa para endurecer las penas actuales. Las reformas pretenden tipificar este delito como grave para que se persiga de oficio y se limite la libertad bajo fianza de los presuntos responsables. Mientras tanto, colectivos de la sociedad civil exigen fortalecer las unidades de investigación para desarticular las redes financieras que operan detrás de estas amenazas constantes.
