Activistas y afectados por expulsiones de vivienda protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para rechazar la votación de un proyecto de sentencia que valida el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. Desde las 8:30 horas, los inconformes bloquearon accesos e impidieron el paso de empleados, aunque los ministros lograron ingresar. Una comisión dialogó al interior hasta las 11:30 horas, lo que retrasó la sesión del Pleno.
El proyecto, a cargo de la ministra ponente María Estela Ríos González, propone declarar constitucional la norma actual al considerar que exige mandamiento judicial para cualquier desalojo y que otros preceptos de la ley protegen el derecho a la vivienda. Organizaciones y afectados, incluidos desalojados de inmuebles como República de Cuba 11, Mar Blanco 102 y Antonio Caso 63, denuncian que la redacción permite expulsiones arbitrarias sin evaluación de vulnerabilidad ni alternativas habitacionales reales. Los manifestantes exigen posponer la discusión y modificar el proyecto para fortalecer las garantías contra desalojos forzosos.
El caso deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2019 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tras la eliminación de protecciones en 2019, como la prohibición expresa de desalojos forzosos, el realojamiento urgente y el uso de fuerza pública como último recurso. Diversas organizaciones alertan que el aval del artículo actual representa un retroceso en derechos humanos, sobre todo ante el incremento de casos vinculados a la gentrificación y la preparación del Mundial de Fútbol 2026.
