Érick Valencia Salazar, conocido como «El 85», se encuentra en el centro de una negociación judicial en una corte federal de Washington D.C., donde enfrenta cargos por coordinar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Como cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), explora un acuerdo con fiscales para evitar un juicio y convertirse en testigo colaborador, lo que podría revelar detalles inéditos sobre la estructura interna del grupo y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho». Nacido en Guadalajara, Jalisco, Valencia inició su trayectoria criminal en el Cártel del Milenio bajo la tutela de los hermanos Nava Valencia y como lugarteniente de Ignacio «Nacho» Coronel hasta su muerte en 2010. Tras esa ruptura, junto a «El Mencho» y otros, formó el CJNG a partir de una facción violenta que prevaleció en una guerra contra rivales aliados a Los Zetas.
En sus primeros años al frente de operaciones internacionales, Valencia coordinó rutas de narcotráfico desde el puerto de Manzanillo, importando cocaína de Colombia y precursores químicos de China, lo que impulsó la expansión del CJNG a estados como Michoacán, Guerrero, Morelos y Veracruz. Allí, operó bajo el nombre de «Los Matazetas», responsable de masacres como la de 35 cuerpos en Boca del Río en 2011. Capturado por primera vez en 2012 en Zapopan, Jalisco, provocó una respuesta armada del CJNG con bloqueos e incendios; sin embargo, fue liberado en 2017 por irregularidades en el proceso. Libre, rompió con «El Mencho» y fundó el Cártel Nueva Plaza en 2018, aliándose con el Cártel de Sinaloa para disputar territorios, lo que escaló la violencia en Jalisco tras el asesinato de su socio en 2021.
Recapturado en 2022 en Tapalpa y extraditado en febrero de 2025 junto a otros capos como Rafael Caro Quintero, Valencia ahora negocia en «buena fe» con las autoridades estadounidenses, con una audiencia decisiva programada para el 29 de octubre. Si se concreta el pacto, su testimonio podría desarticular redes de complicidad y vínculos internacionales del CJNG, aunque organizaciones civiles en México cuestionan si estos acuerdos garantizan justicia para víctimas de masacres, desapariciones y extorsiones. Mientras tanto, «El 85» pasa de jefe criminal a potencial informante clave, dejando abierta la interrogante sobre el costo real de su colaboración.
