La Justicia de Estados Unidos confiscó activos por más de 700 millones de dólares pertenecientes a Nicolás Maduro, a quien la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, calificó como el “cabecilla de una sociedad criminal” en Venezuela.
En entrevista con Fox News, Bondi detalló que la incautación incluye “dos jets multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, propiedades de lujo en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y efectivo”. La funcionaria señaló que estas acciones forman parte de la lucha de EE.UU. contra el crimen organizado trasnacional. “Esto es crimen organizado, no es diferente de la mafia”, afirmó.
Bondi confirmó además que la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro se elevó a 50 millones de dólares, la más alta en la historia, duplicando los 25 millones previamente ofrecidos. La fiscal acusó al mandatario venezolano de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y de colaborar con organizaciones terroristas extranjeras, como el Cártel de los Soles, para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.
Horas después del anuncio, el presidente Donald Trump firmó una directiva que autoriza a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a actuar contra cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas, incluyendo el Cártel de los Soles, vinculado a Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la designación permite considerar a estos grupos como “amenazas a la seguridad nacional” y no solo como delincuencia organizada.
Desde Venezuela, Maduro anunció el inicio de una “ofensiva especial” para reforzar la seguridad en los 24 estados del país y en Caracas, integrando fuerzas civiles, militares y policiales mediante la ampliación de los llamados cuadrantes de paz. Por su parte, el canciller Yván Gil denunció los anuncios estadounidenses como “grave amenaza militar” y los calificó como una “burda operación de propaganda política”.
El incremento de la presión judicial, financiera y diplomática sobre Maduro forma parte de la política de EE.UU. de aislar al mandatario venezolano y atacar las redes transnacionales de tráfico ilícito que Washington atribuye al régimen de Caracas.
