Por Félix Villalobos
Integrantes de la comunidad LGBTQ+ de Amicus DH, Fundación Trans Difusión y Auténticas Intrépidas, denunciaron públicamente a la diputada local Daniela Taurino por presuntamente usurpar un espacio que no le corresponde dentro del Congreso del Estado, para acceder a una curul reservada para acciones afirmativas de diversidad sexual.
Activistas y representantes del colectivo señalaron que la legisladora habría utilizado espacio únicamente como estrategia política, sin tener un historial comprobable de lucha, militancia o cercanía con la comunidad que, aseguran, le brindó su respaldo para llegar al cargo.
Los inconformes acusaron que Taurino ha mantenido distancia desde su llegada al Congreso, sin atender las demandas, ni establecer un canal de diálogo con colectivos de la diversidad sexual en Oaxaca.
además, urgieron al gobierno de Oaxaca realizar un censo estatal para identificar las necesidades del colectivo LGBT, incluyendo a personas Muxe.
Solicitaron mesas de diálogo con la Secretaría de Finanzas para incluir un presupuesto específico en el plan 2026, conforme lo ordena un mandato judicial. La falta de datos oficiales sobre la comunidad agrava la invisibilización de sus problemáticas, afirmaron.
Las organizaciones denunciaron que Oaxaca figura entre los 10 estados con más crímenes de odio contra personas LGBT, según observatorios ciudadanos. Criticaron la opacidad de las fiscalías en la investigación y prevención de estos delitos, así como la ausencia de una tipificación clara del transfeminicidio.
Además, señalaron casos de violencia policial, como detenciones arbitrarias y agresiones a mujeres trans, incluyendo un incidente hace menos de dos años donde una persona fue rapada y forzada a vestirse de hombre.
La comunidad demandó empleo digno para personas trans como medida para revertir la discriminación. También exigieron que el gobierno integre a representantes LGBT en las discusiones presupuestales iniciadas el 18 de junio. Asimismo, las organizaciones subrayaron que el Estado debe cumplir con el mandato judicial para asignar recursos específicos a la comunidad diversa, una obligación aún incumplida.
