La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar cerca de 800 mil viviendas abandonadas o en situación irregular respetará la propiedad privada, conforme a lo establecido en la Constitución mexicana. Durante la conferencia matutina, rechazó cualquier interpretación que sugiera la legalización de invasiones y enfatizó que el objetivo es resolver un problema histórico sin perjudicar a los trabajadores ni a los propietarios legítimos.
El problema, explicó la mandataria, radica en que muchas de estas viviendas, construidas por Infonavit, fueron abandonadas por sus dueños debido a su lejanía de los centros de trabajo o por fraudes en los que una misma casa se vendió hasta cinco veces. Además, algunas están ocupadas por personas que no cuentan con un título legal, mientras otras carecen de servicios básicos o transporte. Para abordar esta situación, el Gobierno realiza un censo que determinará el estatus de cada vivienda, incluyendo si aún existen deudas asociadas o si los créditos fueron pagados.
Por su parte, Octavio Romero, director de Infonavit, planteó opciones para regularizar estas propiedades, como esquemas de pago para quienes las ocupan irregularmente, siempre que se garantice que no hay afectaciones a terceros. Sheinbaum destacó que no habrá desalojos forzosos, ya que intentos previos, que costaron miles de millones de pesos, resultaron ineficaces y estuvieron ligados a fraudes por parte de despachos de cobranza. En caso de ocupación ilegal, cualquier acción deberá ser determinada por un juez.
La estrategia, que se enmarca en el plan sexenal de construir 1.1 millones de viviendas, busca soluciones legales y justas para evitar que estas casas permanezcan en el abandono o en la irregularidad, garantizando el respeto a los derechos de los trabajadores y la viabilidad de los servicios en dichas zonas.
