En Veracruz, Diego Fernando Bonilla, indígena ñuhú de 45 años originario de El Pericón, Texcatepec, enfrenta una lucha por justicia tras ser torturado por policías ministeriales en 2023. El 29 de mayo de ese año, mientras compartía con su amigo Adán Reyes, este fue asesinado a tiros.
Diego, quien no habla español con fluidez, fue detenido y obligado a firmar una declaración en blanco que incriminaba a Silverio Reyes, hermano de la víctima, como supuesto homicida. A pesar de su testimonio de no haber visto al agresor, la Fiscalía de Huayacocotla ignoró su versión y cerró el caso de tortura sin investigación alguna.
La tortura sufrida por Diego, que incluyó agresiones físicas y psicológicas, dejó secuelas profundas.
Según su cosmovisión otomí, perdió su “sombra”, lo que le causó estrés, miedo y aislamiento. Su comunidad lo respaldó con rituales de sanación, pero la impunidad persiste. El 30 de junio de 2023, con apoyo del Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego denunció la tortura. Sin embargo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura decidió no ejercer acción penal, y a finales de mayo cerró el caso. Este 12 de junio, un juzgado en Xalapa resolverá la impugnación presentada por su defensa, que denuncia encubrimiento a los policías responsables.
Veracruz, segundo estado con más carpetas por tortura (2 mil 441 entre 2019 y 2024) y líder en víctimas (4 mil 061), refleja un problema sistemático, según el Registro Nacional del Delito de Tortura. Las personas indígenas, como Diego, enfrentan barreras adicionales, como la falta de intérpretes, lo que agrava su vulnerabilidad.
“La tortura es una práctica generalizada, y la Policía Ministerial es la principal señalada”, afirmó Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh. Diego y su comunidad exigen justicia, no solo por la violencia sufrida, sino por un sistema que perpetúa la impunidad y desampara a los pueblos originarios.
