En la Villa de Mitla, Oaxaca, un grupo de pobladores se manifestó frente al Tribunal Unitario Agrario para exigir justicia ante presuntas irregularidades en la resolución de conflictos de tierras. Los inconformes acusan a empleados del tribunal de coludirse con particulares y autoridades locales para despojarlos de sus propiedades, favoreciendo intereses económicos de terceros que, según afirman, carecen de derechos legales sobre los terrenos.
La problemática tiene su origen en el decreto presidencial del 10 de noviembre de 1948, que transformó la propiedad privada en Mitla a un régimen comunal. Dicho decreto establecía que quienes contaran con documentos que acreditaran su propiedad —como escrituras públicas otorgadas por notarios, jueces o alcaldes— conservarían sus derechos. Sin embargo, los manifestantes señalan que esta transición abrió la puerta a manipulaciones por parte de personas “sin escrúpulos”, quienes, en contubernio con abogados y autoridades agrarias, han emitido sentencias contrarias a los legítimos propietarios.
Por ello, los habitantes de Mitla demandan una revisión transparente de los casos pendientes, ya que muchos han enfrentado largos procesos legales sin resolución o han perdido sus tierras injustamente. “No podemos ser indiferentes ante las injusticias que vive nuestro pueblo”, declararon los afectados, quienes buscan que se respeten sus derechos históricos y se castigue cualquier acto de corrupción.
En un acto reciente, mujeres de Mitla desalojaron a un funcionario de la Secretaría de Gobierno (SEGO), como parte de las acciones para visibilizar su lucha y exigir respuestas concretas. Esta acción refleja la creciente frustración de la comunidad ante la falta de avances en sus demandas. La manifestación pone de manifiesto un problema estructural en la gestión de tierras en comunidades indígenas y campesinas, donde la falta de claridad en los procesos agrarios sigue generando conflictos. Los pobladores de Mitla esperan que su protesta, junto con estas acciones directas, visibilice la situación y propicie una intervención de las autoridades federales para garantizar justicia.
