Ocho organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para exigir a las autoridades electorales y judiciales una revisión urgente de la candidatura de Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán, quien busca convertirse en juez federal en materia penal en la próxima elección judicial. Las agrupaciones, entre las que destacan Artículo 19, Defensorxs y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señalan que Herrera Franco, conocido como “el fiscal del terror”, arrastra acusaciones graves: presuntos nexos con el crimen organizado, extorsión a comunidades indígenas y posible involucramiento en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, de Monitor Michoacán. Pese a este historial, su candidatura fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 21 de marzo y aparecerá en la boleta del circuito 11 de Michoacán.
Las organizaciones han solicitado al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evaluar si el perfil de Herrera Franco cumple con los requisitos constitucionales para ocupar un cargo judicial, advirtiendo que su postulación pone en riesgo la imparcialidad y la justicia en el país. Asimismo, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) retomar las investigaciones pendientes sobre las denuncias en su contra, incluyendo audios filtrados en 2022 que lo vinculan con un líder criminal, hecho que derivó en su destitución de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. “No podemos permitir que personas con estas acusaciones sean responsables de impartir justicia”, subrayaron en un comunicado.
El caso, destapado este martes por Animal Político, ha generado preocupación en un contexto donde otras candidaturas judiciales también han sido cuestionadas por vínculos con el crimen organizado y violaciones a derechos humanos. Las organizaciones civiles insisten en que la elección judicial debe garantizar transparencia y confianza, especialmente en un país marcado por la violencia y la impunidad. Por ello, demandan acciones inmediatas para evitar que perfiles como el de Herrera Franco comprometan el proceso de renovación del Poder Judicial.
