La violencia contra defensores de derechos humanos en Oaxaca ha alcanzado niveles críticos, según un informe de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa). Desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2024, 58 activistas originarios del estado han sido asesinados, lo que representa más de una cuarta parte de los 225 homicidios de defensores registrados en México en el mismo periodo. La región de la Mixteca concentra 27 de estos casos, seguida por la Costa con 11 y la Sierra Sur con nueve, evidenciando una crisis de seguridad que afecta principalmente a quienes defienden la tierra, el territorio y los derechos políticos.
Entre los casos más recientes destaca el asesinato de las hermanas triquis Adriana y Virginia Ortiz García, defensoras del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), asesinadas a tiros el 6 de noviembre de 2024. Ambas denunciaban el despojo territorial y buscaban a sus primas desaparecidas desde 2007. Pese a la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de investigar exhaustivamente, el caso permanece sin avances, y Emelia Ortiz, otra hermana, ha denunciado hostigamiento por exigir justicia. Asimismo, el ambientalista Cristino Castro Perea, integrante del Mecanismo de Protección, fue asesinado el 28 de febrero de 2025 en Barra de la Cruz, lo que subraya la vulnerabilidad de los activistas incluso bajo medidas de seguridad.
Por otra parte, el asesinato de la abogada mixe Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández, hallados en Veracruz tras seis meses de desaparición, ha generado señalamientos de colusión entre el crimen organizado y estructuras institucionales. El activista Joaquín Galván apuntó a funcionarios como Donato Vargas, denunciado por Domínguez por violencia digital contra mujeres indígenas, cuya investigación no ha prosperado. Estos casos reflejan un patrón de impunidad que organizaciones como Educa buscan visibilizar a través de su proyecto “Alas y Raíces”, exigiendo al gobierno estatal y federal acciones efectivas para frenar esta escalada de violencia.
