En Sesión Ordinaria del Congreso local, se presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para incorporar el delito de ecocidio en el Código Penal del Estado de Oaxaca, como una medida indispensable para la protección efectiva del medio ambiente y de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades.
En este sentido, se busca adicionar el artículo 441 BIS al mencionado código, para establecer que comete el delito de ecocidio quien dolosamente cause un daño grave al ambiente por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales en el estado.
Además, se impondría una pena de cinco a 10 años de prisión y una multa de cuatrocientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien provoque la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie de cuando menos diez hectáreas; a quien dañe un ecosistema cuya afectación y sus impactos duren al menos cuatro meses; y cuando la afectación se dé en un ecosistema donde habite o exista una especie endémica o en peligro de extinción.
La medida legislativa fue propuesta por la diputada Haydeé Irma Reyes Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, como un paso para consolidar un marco jurídico que garantice justicia ambiental, reparación integral del daño y la preservación del patrimonio natural del estado, al tiempo que la legislación estatal se alinea con las tendencias nacionales e internacionales que buscan reconocer la gravedad de la destrucción ambiental masiva.
Indicó que esta acción constituye una herramienta jurídica para enfrentar los daños ambientales de mayor gravedad, cerrar espacios de impunidad y fortalecer la responsabilidad penal frente a conductas que comprometen de manera irreversible los ecosistemas y los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Asimismo, dijo que, si bien es cierto que Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad de México, también es uno de los más expuestos a procesos de degradación ambiental severa, lo que lo convierte en un territorio especialmente vulnerable a prácticas que pueden encuadrarse en el concepto de ecocidio.
La tipificación de esta actividad como delito busca generar beneficios como la protección de la biodiversidad, el freno a la impunidad ambiental, el control del daño ambiental, justicia social y comunitaria, además de ejecutar acciones de responsabilidad por parte de las autoridades y los particulares.
De acuerdo con el dictamen, diversos organismos nacionales e internacionales han sumado esfuerzos para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, que plantea diversos objetivos de carácter integrado e indivisible, abarcando esferas económicas, sociales y ambientales.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
