En medio de un clima de tensión, versiones encontradas y serios cuestionamientos a la legalidad de las acciones emprendidas, autoridades y representantes de la comunidad de Buenavista ofrecieron una conferencia pública para fijar postura sobre el conflicto agrario que mantienen con vecinos de Santa María Yolotepec. Lejos de aportar claridad, el encuentro evidenció una serie de irregularidades, omisiones y la presunta intromisión de actores políticos externos que, de acuerdo con denuncias comunitarias y de organizaciones acompañantes, han contribuido a profundizar la confrontación social.
Uno de los principales señalamientos fue la ausencia de la totalidad de las autoridades comunitarias en la conferencia, lo que puso en duda la legitimidad de los acuerdos y mensajes emitidos. A ello se sumó la circulación de imágenes y videos que muestran a pobladores armados ingresando a la zona en disputa, hechos que derivaron en la muerte de un habitante de Yolotepec y que contradicen los discursos oficiales de búsqueda de paz. Para los denunciantes, estos episodios reflejan una escalada de violencia tolerada —cuando no incentivada— por intereses ajenos a la vida comunitaria.
En este contexto, se hicieron acusaciones directas contra el político Felipe Canseco, a quien se le atribuye no solo un historial de adeudos y presuntos fraudes en el municipio, sino también la promoción del conflicto con fines personales y políticos. Las comunidades cuestionan si la participación de este y otros actores vinculados a partidos políticos responde realmente a un interés de conciliación o si, por el contrario, busca capitalizar el conflicto y mantener un escenario de inestabilidad.
El trasfondo es un conflicto agrario de larga data en la región Mixteca de Oaxaca entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, que en 2025 escaló a violencia armada y provocó el desplazamiento forzado de cientos de personas de la agencia municipal de Buenavista. El agente municipal, Manuel López Rosales, denunció que el 18 de agosto de ese año habitantes de Yolotepec ingresaron armados, incendiaron inicialmente 14 viviendas, además de vehículos y motocicletas, y obligaron a las familias a huir bajo amenazas con armas de fuego. Las agresiones continuaron de forma intermitente hasta el 30 de octubre, elevando a 29 las casas quemadas.
Actualmente, alrededor de 225 personas desplazadas —entre ellas mujeres, niñas, niños, adultos mayores y madres solteras— sobreviven en condiciones precarias a un costado del palacio municipal de Santiago Yosondúa, durmiendo en el suelo, expuestas al frío y sin servicios básicos. Organizaciones como el colectivo popular Ricardo Flores Magón han denunciado la omisión de la Secretaría General de Gobierno y de la Coordinación de Atención a Derechos Humanos, al no cumplir, en más de 142 días, las medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pese a la vigencia de la ley de desplazamiento interno.
Los representantes comunitarios subrayan que existe un juicio de amparo ganado por Buenavista, en el que un tribunal colegiado reconoció su posesión territorial sobre las mil 625 hectáreas en disputa, lo que debería permitir un retorno seguro. Sin embargo, acusan que la falta de voluntad política, la negligencia institucional y la intervención de actores partidistas han bloqueado cualquier solución de fondo.
Ante este escenario, las comunidades afectadas exigen justicia, castigo a los responsables de la violencia y garantías reales para regresar a sus tierras en condiciones dignas. Organizaciones sociales han hecho un llamado urgente a instancias federales, incluida la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que intervengan y frenen un conflicto que, advierten, no solo es agrario, sino también resultado de irregularidades, omisiones oficiales y la utilización política del dolor de comunidades indígenas.
