Representantes de comunidades y núcleos rurales de Santiago Atitlán, Oaxaca, exigieron al gobernador Salomón Jara Cruz y al Congreso del Estado instalar un Consejo Municipal con habitantes del municipio, tras cinco años sin presidente municipal ni autoridad electa. La demanda responde a una sentencia firme del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, ratificada en 2021 por la Sala Regional Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó garantizar el derecho al voto de la ciudadanía y conformar un consejo municipal, mandato que el Gobierno estatal y el Congreso local han incumplido.
En conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, agentes municipales, el presidente comunitario y representantes de los 12 núcleos rurales del municipio, que representan el 95 por ciento de la población, denunciaron que la Secretaría General de Gobierno dilata el proceso con pretextos y evasivas, pese a que las comunidades ya consensuaron una propuesta de Consejo Municipal en una Asamblea Comunitaria, conforme a sus normas internas como pueblo mixe. Los representantes señalaron que el comisionado municipal, impuesto por el gobernador, permanece en funciones de manera ilegal desde hace cuatro años, cuando la Constitución de Oaxaca limita su periodo a 60 días.
Los inconformes acusaron al Director de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de bloquear la demanda y señalaron intereses políticos y corrupción detrás de la omisión, incluyendo la falta de entrega de más de 4.5 millones de pesos del fondo cuatro a las comunidades en el último año. También destacaron que el presupuesto municipal de 25 millones de pesos alimenta intereses que frenan el proceso.
El pasado 25 de abril, en una reunión con la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, se acordó enviar la documentación al Congreso el 9 de mayo, pero el trámite sigue detenido, según confirmó el área jurídica de la Secretaría de Gobierno. La presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso, encabezada por el diputado Benjamín Viveros, se comprometió a agilizar el tema en una sesión extraordinaria una vez recibido el documento, pero las comunidades denunciaron complicidades políticas que obstaculizan el proceso.
Los representantes mixes exigieron al gobernador, al secretario de Gobierno y al Congreso cesar los obstáculos y respetar su libre determinación, amparada por los artículos 40 y 66 de la Ley Orgánica Municipal. Advirtieron que la prolongación del comisionado constituye un acto de discriminación contra su pueblo indígena y una violación a sus derechos político-electorales. También solicitaron al Tribunal Electoral estatal intervenir para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
