El gobierno de Oaxaca continúa investigando los casos de entrega irregular de plazas laborales en la administración pública estatal. Así lo informó el titular de la Secretaría de Administración, Noel Hernández Rito, durante su comparecencia en la glosa del Segundo Informe de Gobierno. El funcionario detalló que las investigaciones están enfocadas en exfuncionarios de administraciones anteriores que otorgaron estas plazas de forma discrecional, afectando gravemente la estabilidad financiera del fondo de pensiones estatal.
Hernández Rito explicó que, debido a esta práctica, se comprometió el fondo de pensiones que beneficia a 5 mil 936 jubilados, pensionados y pensionistas. A pesar de que el gobierno estatal aporta anualmente 720 millones de pesos para cubrir estos pagos, esta cantidad no es suficiente. En 2024, se tuvo que destinar una cantidad extraordinaria de 807 millones de pesos para asegurar los pagos, lo que evidencia la magnitud del problema.
Con la eliminación de 677 plazas irregulares, el gobierno de Oaxaca prevé un ahorro de 225 millones de pesos anuales en servicios personales, lo que a largo plazo representará un ahorro de más de mil millones de pesos al final del actual sexenio. Estos recursos serán dirigidos a servicios prioritarios y programas de desarrollo social, beneficiando a los sectores más vulnerables. Además, se destinarán a mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la seguridad pública en el estado.
A pesar de que el decreto original contemplaba la eliminación de 1 mil 344 plazas, se logró reinstalar a 667 trabajadores, en su mayoría pertenecientes a grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Esta decisión se tomó con un enfoque humanista, considerando la antigüedad, desempeño y la situación de los empleados, priorizando su estabilidad laboral.
Por otro lado, Hernández Rito señaló que la Fiscalía General del Estado ya tiene en sus manos diversas denuncias relacionadas con la entrega irregular de plazas, y aseguró que los exfuncionarios responsables serán sancionados conforme a la ley. La transparencia y la justicia social serán esenciales en este proceso para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la estabilidad de las finanzas estatales.
