Soledad Jarquín Edgar, periodista y madre de María del Sol Cruz Jarquín, víctima de feminicidio en 2018 en Juchitán de Zaragoza, expresó ayer su desacuerdo con la resolución emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) sobre el caso. Durante una conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, Jarquín Edgar describió la decisión como una «simulación» por ser tardía, tibia y formalista, argumentando que no representa una verdadera justicia sino el reflejo de una institución que actúa con retraso, sin considerar adecuadamente la voz de las víctimas ni cumplir su rol en la defensa efectiva de los derechos humanos. Acompañada por integrantes del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, subrayó que han transcurrido más de siete años desde el crimen, un periodo marcado por cambios institucionales que han prolongado la dilación y la revictimización.
En ese contexto, la periodista destacó cómo este lapso ha involucrado a tres titulares de la DDHPO, tres de la Fiscalía General del Estado, dos gobernadores y tres legislaturas estatales, equivalentes a 126 diputados y diputadas, lo que evidencia una cadena de inacciones que han agravado el sufrimiento de las familias afectadas. Además, Jarquín Edgar criticó que la tardanza de la Defensoría revela una pérdida de sentido de urgencia frente a las violaciones de derechos humanos, especialmente en temas de violencia de género. Esta demora, según sus palabras, no solo cuestiona la capacidad de la institución para responder oportunamente, sino que también pone en duda su relevancia en un estado donde los casos de feminicidio persisten.
Por otra parte, la madre de la víctima señaló una debilidad evidente en el proceso: la DDHPO no logró obtener documentación actualizada del caso para fundamentar su recomendación, lo que podría comprometer su aceptación y cumplimiento efectivo. Esta observación resalta las limitaciones institucionales que, a su juicio, minan la credibilidad de las resoluciones emitidas. En suma, la conferencia buscó visibilizar cómo estas fallas sistémicas perpetúan la impunidad y la necesidad de reformas para fortalecer los mecanismos de protección a los derechos humanos en Oaxaca, un llamado que resuena en medio de un panorama de violencia persistente contra las mujeres.
