El gobierno de Estados Unidos canceló el financiamiento para la asistencia legal de niños migrantes que ingresan al país sin la compañía de un adulto, lo que pone en riesgo la representación de aproximadamente 26 mil menores en procesos migratorios. La decisión afecta a organizaciones como el Centro Acacia para la Justicia, que proporcionaba orientación y defensa legal a estos niños en cortes de inmigración.
Aunque las clínicas de información sobre derechos seguirán operando, la suspensión del pago a abogados especializados deja a miles de menores en una situación de vulnerabilidad ante un sistema legal complejo. La medida se tomó días antes de la fecha límite para renovar el contrato de financiamiento, sin una justificación clara por parte del gobierno.
Defensores de los derechos migrantes han expresado su preocupación, ya que esta decisión podría exponer a los niños a riesgos mayores, incluyendo deportaciones sin la debida evaluación de su situación. A pesar de los intentos de algunas organizaciones por continuar con la asistencia, la falta de recursos podría significar que más menores enfrenten solos los tribunales de inmigración.
