Integrantes de Movimiento Ciudadano acusaron públicamente la existencia de un presunto esquema de corrupción judicial y administrativa en el municipio de Santa Lucía del Camino, el cual —aseguraron— opera con la complicidad de funcionarios municipales, despachos privados y jueces federales.
Desde la Cámara de Diputados, regidores emanados de MC denunciaron lo que calificaron como un “Cártel Judicial Oaxaca”, señalando directamente al presidente municipal Juan Carlos García Márquez de mantener un sistema de persecución política, fabricación de documentos y presunto desvío de recursos públicos.
Durante el posicionamiento, los concejales afirmaron que en Santa Lucía del Camino la justicia “fue secuestrada” por un grupo político y jurídico que utiliza el poder institucional para intimidar, controlar y castigar a opositores dentro del Cabildo.
La regidora de Turismo, Adriana Díaz, aseguró que el ayuntamiento obligó a que todas las notificaciones judiciales fueran canalizadas exclusivamente a través del despacho “Kratos Abogados”, firma que —dijo— no aparece registrada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
Acusó además que dicho despacho operó mediante una presunta “fábrica de firmas y sellos oficiales”, utilizando documentación con firmas falsificadas de regidores para promover recursos legales y responder procedimientos judiciales sin autorización de los involucrados.
“Nos dejaron en estado de indefensión mientras simulaban defender jurídicamente al municipio”, sostuvo.
De acuerdo con su denuncia, las irregularidades salieron a la luz cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó multas y créditos fiscales derivados de desacatos judiciales y procedimientos legales perdidos.
Por su parte, el regidor de Desarrollo Económico, Luis Rey López Martínez, acusó directamente a jueces del Decimotercer Circuito de actuar bajo intereses políticos para proteger al grupo señalado.
Entre los nombres mencionados estuvieron el juez Décimo de Distrito, Víctor Manuel Jaimes Morelos, así como las juezas Estela Fernanda Díaz y Blanca Azucena Osorio, a quienes responsabilizaron de desechar amparos e incidentes de nulidad sin ordenar pruebas periciales sobre las firmas presuntamente falsificadas.
Los concejales aseguraron que detrás de las resoluciones judiciales existe un “pacto de impunidad” que protege a funcionarios y abogados ligados al poder político estatal.
Incluso, denunciaron que tras la reciente elección judicial, gran parte de los nuevos nombramientos dentro del Decimotercer Circuito y del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca habrían recaído en personas vinculadas a la Consejería Jurídica estatal y al grupo Kratos.
En el cierre del posicionamiento, el regidor de Fomento Agroalimentario, Ader Reyes Méndez, acusó que el gobierno municipal pretende utilizar dinero público para cubrir multas personales de regidores afines a Morena y una concejal del PAN.
Advirtió que utilizar recursos del ayuntamiento para solventar sanciones individuales podría constituir delitos como peculado y desvío de recursos.
Asimismo, responsabilizó públicamente al presidente municipal y a la Policía Municipal de cualquier agresión o acto de intimidación contra los regidores denunciantes y sus familias.
Los concejales hicieron un llamado al gobernador Salomón Jara Cruz para intervenir en el conflicto y “poner orden” en Santa Lucía del Camino.
Finalmente, solicitaron la intervención y vigilancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dirigieron un mensaje al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, a quien pidieron evitar que “la simulación y las consignas políticas sepulten la justicia en Oaxaca”.
