La comunidad indígena de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, logró una victoria legal en 2010 contra el Estado mexicano al invalidar concesiones mineras otorgadas a empresas privadas sin consulta previa. Un título primordial de 1599, que acreditaba la propiedad comunal de sus tierras, sirvió como prueba clave en un amparo presentado ante un Tribunal Federal. La antropóloga española Isabel Bueno destacó la validez jurídica de estos documentos coloniales, que las comunidades indígenas resguardan como evidencia de su derecho histórico al territorio. La sentencia marcó un precedente para la defensa de los derechos indígenas frente a proyectos extractivos.
El litigio, que duró varios años, enfrentó a Capulálpam contra empresas mineras y el Gobierno federal, que defendían la soberanía nacional sobre el subsuelo. La comunidad zapoteca, respaldada por su sistema de derecho comunitario y el documento histórico, argumentó que las concesiones violaban sus derechos territoriales. Salvador Aquino-Centeno, investigador, explicó que los argumentos jurídicos de la comunidad lograron superar las leyes federales al sustentarse en la propiedad comunal y la identidad indígena. Este caso demostró la importancia de los títulos primordiales, elaborados en la época colonial para demarcar tierras indígenas.
La relevancia de estos documentos trasciende el caso de Capulálpam, ya que otros pueblos, como Santa Cruz Atizapán en el Estado de México, han usado títulos similares para ganar litigios agrarios. Los títulos primordiales, según Bueno, funcionan como escrituras legales que prueban la posesión ancestral de la tierra, incluso siglos después de su creación. En Oaxaca, donde 418 de 570 municipios se rigen por usos y costumbres, estas herramientas jurídicas fortalecen la autonomía indígena. La protección de estos documentos es crucial, pues muchos han sido robados o falsificados, lo que pone en riesgo los derechos territoriales de las comunidades.
