La Secretaría de Movilidad (Semovi) del Gobierno de Oaxaca ha revocado de manera definitiva la licencia del conductor de una unidad de transporte público urbano, identificado como el responsable de agredir a un ciclista en la capital del estado, tras la difusión de un video ciudadano en redes sociales. Esta acción fue posible gracias a la plena identificación del operador mediante el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) y el material videográfico. Como medida adicional para evitar futuras reincidencias, la Semovi notificará a sus dependencias homólogas en el resto de la República Mexicana, buscando impedir que el conductor agresor pueda obtener una nueva licencia en cualquier otra entidad del país.
No obstante, la determinación de la autoridad se ha enfocado exclusivamente en la sanción al chofer, sin que hasta el momento se haya anunciado medida alguna respecto a la concesión de la unidad implicada o una investigación a la línea de autobuses a la que pertenece. En el comunicado emitido la tarde del miércoles, la Semovi evitó señalar cualquier sanción o investigación extendida hacia la empresa concesionaria o la aseguradora del vehículo. Esta omisión ocurre a pesar de que los reglamentos prohíben la presencia de «ayudantes» o acompañantes en este tipo de unidades, lo cual también ha generado cuestionamientos en torno al acompañante del conductor en el momento de los hechos.
En el ámbito digital y entre la ciudadanía, la cancelación de la licencia ha reabierto el debate sobre los abusos cometidos por operadores del transporte público, conocidos popularmente como «urbaneros». Los usuarios han expresado en redes sociales su reprobación a estas conductas y han censurado la oposición del sector a la introducción de nuevos sistemas de movilidad, como el BinniBus. Por su parte, la Semovi ha reiterado su «estrecha coordinación» con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Policía Estatal para dar seguimiento al caso, afirmando que ninguna conducta violenta será tolerada, pues pone en riesgo la integridad de la ciudadanía y vulnera el derecho a una movilidad segura. Pese a estas declaraciones, la responsabilidad penal y administrativa, por ahora, se limita al conductor.
