Este lunes, habitantes de la comunidad de Santa María Chimalapas retuvieron al Procurador Agrario Federal, Víctor Suárez Carrera, después de que este les informara sobre una sentencia del Tribunal Superior Agrario (TSA) que ratifica la pérdida de más de dos mil hectáreas de su territorio. El funcionario federal acudió acompañado del delegado estatal de la Procuraduría Agraria para explicar la resolución emitida el 18 de febrero por el pleno de magistrados del TSA, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, que confirma la improcedencia de los juicios de nulidad contra los núcleos agrarios chiapanecos General Rafael Cal y Mayor y Canaán.
Los comuneros rechazaron de inmediato la decisión y exigieron una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la revisión del caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según los afectados, estos núcleos agrarios fueron implantados por el gobierno de Chiapas con el propósito de apropiarse de tierras oaxaqueñas, y señalaron una presunta complicidad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en el proceso. Además, recordaron que el conflicto limítrofe entre Oaxaca y Chiapas ya fue resuelto por la SCJN en noviembre de 2021, cuando se reconoció la línea divisoria trazada en 1549.
Para el comisariado de Bienes Comunales, la sentencia presenta graves aberraciones jurídicas porque no consideró los derechos de los pueblos indígenas ni los convenios internacionales. En ese mismo encuentro, los pobladores denunciaron que, sobre todo en la zona de Cal y Mayor, talamontes y presuntos narcotraficantes que se identifican como ganaderos chiapanecos han devastado más de 50 mil hectáreas de selva y bosque de niebla. No aceptan la resolución y, a través de un video que circula en redes sociales, advirtieron que acudirán por su cuenta a recuperar las tierras que consideran propias.
