La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) documentó que, hasta septiembre de 2025, Oaxaca registró al menos 135 niñas, niños y adolescentes en situación de desaparición o no localización. El balance estadístico detalló que la problemática afectó a 71 hombres y 64 mujeres dentro del rango de los 0 a los 17 años de edad. A nivel nacional, la organización advirtió una tendencia preocupante durante el último año, donde se estimó que diariamente 29 personas de este sector poblacional fueron reportadas en dicha condición. Si bien la tasa de localización en el país superó el 84%, el organismo subrayó que, históricamente, por cada centenar de menores hallados, uno fue localizado sin vida, realidad que en Oaxaca alcanzó a tres menores en el corte más reciente de este periodo.
Bajo este panorama de vulnerabilidad, la situación se vio agravada por el reclamo de familiares y organizaciones civiles, como Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), quienes denunciaron la parálisis administrativa de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los colectivos señalaron que, a pesar de haber entregado desde 2024 un Programa Estatal de Búsqueda diseñado en conjunto con víctimas y expertos, las autoridades estatales omitieron su aprobación formal. Esta herramienta técnica fue concebida para optimizar la coordinación institucional, agilizar los protocolos científicos de identificación forense y fortalecer las investigaciones que, hasta el momento, las familias consideraron insuficientes ante la urgencia de los casos reportados en la entidad.
Finalmente, la falta de una respuesta ejecutiva por parte del Gobierno del Estado mantuvo en vilo los procesos de localización, especialmente en un contexto donde la mayoría de las mujeres reportadas como ausentes durante el primer trimestre del año fueron menores de edad. Mientras Oaxaca se situó entre las entidades con registros significativos de desaparición infantil, junto al Estado de México y Tamaulipas, las víctimas indirectas continuaron solicitando una audiencia directa con el ejecutivo estatal para destrabar los mecanismos de búsqueda. La exigencia ciudadana fue clara: transitar de la estadística a la acción efectiva mediante la validación de protocolos que garanticen el derecho humano de la niñez a ser buscada y protegida bajo estándares científicos y humanos.
