La brecha entre la documentación civil y las cifras oficiales marcó el panorama de la violencia de género en Oaxaca durante el inicio de 2026. Según registros del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, se contabilizaron nueve asesinatos violentos de mujeres en los primeros dos meses del año; sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) solo tipificó dos de estos casos bajo el delito de feminicidio. Estos crímenes, perpetrados con armas blancas, ocurrieron en un contexto donde las denuncias por tentativa de feminicidio —recientemente incorporadas a la clasificación pública de delitos— permanecieron en cero, pese a que el Código Penal estatal establece sanciones severas y prohíbe la libertad anticipada para quienes intenten privar de la vida a una mujer por razones de género sin lograr consumar el acto.
Aunado a esta disparidad estadística, la persistencia de la violencia feminicida en la entidad ha mostrado una tendencia crítica desde la emisión de la Alerta de Género en 2018, periodo en el cual se han superado las 800 muertes violentas. La geografía del riesgo se concentra principalmente en los Valles Centrales, seguidos por el Istmo de Tehuantepec y la Costa, aunque el fenómeno se extiende de manera alarmante hacia la Mixteca, el Papaloapan y ambas Sierras. Esta crisis no ha distinguido perfiles sociales, pues las víctimas en años recientes abarcan desde amas de casa y estudiantes hasta activistas, abogadas y servidoras públicas, lo que refleja una vulnerabilidad generalizada que trasciende ocupaciones y estratos económicos en las ocho regiones del estado.
Finalmente, el análisis histórico por periodos de gobierno revela que la cifra de violencia ha fluctuado, pero se mantiene como una deuda pendiente de la justicia. Mientras que administraciones pasadas cerraron con registros que oscilaron entre las 283 y las 715 víctimas, la gestión actual de Salomón Jara ya suma 302 casos confirmados de muertes violentas de mujeres. Ante este escenario, las organizaciones civiles insisten en que la correcta clasificación de los delitos es fundamental para garantizar la reparación del daño y evitar que la impunidad perpetúe un ciclo que ha marcado la historia reciente de Oaxaca.
