Con el objetivo de garantizar que las decisiones financieras estructurales se adopten con pleno respeto a los mecanismos propios de autoridad y decisión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el diputado Iván Osael Quiroz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado.
La propuesta legislativa plantea adicionar la fracción VI al artículo 9 de dicha ley, a fin de incorporar como materia de consentimiento previo, libre e informado la emisión, autorización, contratación o aprobación de medidas legislativas, administrativas o acuerdos de carácter municipal que establezcan o incrementen obligaciones financieras de largo plazo.
Entre las que se incluyen la deuda pública, financiamientos, empréstitos, esquemas de pago diferido, asociaciones público-privadas u otros instrumentos que comprometan recursos públicos futuros, cuando dichas decisiones incidan en la capacidad de decisión colectiva, en la administración comunitaria de los recursos, en la prestación de servicios públicos esenciales o en el ejercicio de la autonomía financiera de los pueblos y comunidades.
En la exposición de motivos, el legislador subrayó que el endeudamiento público constituye una decisión de carácter estructural que no solo compromete recursos económicos, sino que puede condicionar el ejercicio del autogobierno y la autonomía de las generaciones presentes y futuras.
Señaló que, desde una perspectiva constitucional y convencional, el deber de consultar y obtener el consentimiento no se limita a medidas con impacto territorial o físico, sino que se extiende a aquellas decisiones de carácter normativo, institucional y financiero que, por su naturaleza estructural y por sus efectos de largo plazo, inciden de manera determinante en la vida comunitaria y en el ejercicio efectivo de la autonomía colectiva.
Asimismo, advirtió que la ausencia de un reconocimiento expreso del endeudamiento y de las obligaciones financieras de largo plazo como materia de consentimiento genera un vacío normativo que puede traducirse en incertidumbre jurídica, conflictos comunitarios y cuestionamientos a la legitimidad democrática de las decisiones públicas. En este sentido, precisó que la reforma no pretende prohibir el endeudamiento ni restringir las facultades del Estado o de los municipios, sino establecer un estándar reforzado de participación y legitimidad democrática cuando se vean involucrados derechos colectivos.
De acuerdo con el legislador, la incorporación de este supuesto en la ley fortalecerá la seguridad jurídica del orden normativo estatal, brindará mayor claridad sobre el alcance del derecho al consentimiento y contribuirá a la construcción de un modelo de gobernanza financiera más incluyente, respetuoso del pluralismo jurídico y acorde con la realidad institucional del estado.
La Mesa Directiva turnó la propuesta a la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y dictamen.
