La oaxaqueña Nuria Jaquelina Leyva Hernández denunció que en 2011 el pintor Max Sanz, nombre artístico de Max Sánchez López, se negó a reconocer a la hija que ambos procrearon, pese a que dos pruebas de ADN realizadas por autoridades confirmaron su paternidad con un 99.99 por ciento de certeza.
De acuerdo con la demanda presentada en el expediente 491/2021 ante el Juzgado Octavo de lo Familiar en Oaxaca, la joven señaló que un ginecólogo, familiar directo del artista, intentó realizarle un procedimiento de interrupción del embarazo bajo el argumento de que el producto “no tenía vida”, diagnóstico que posteriormente fue descartado por otro especialista. Tras ese episodio, afirma que la familia del pintor se deslindó de cualquier responsabilidad.
La menor nació el 25 de marzo de 2011 en San Antonio de la Cal y, según la denuncia, creció sin apoyo económico del artista. Durante sus primeros años presentó complicaciones de salud que requirieron hospitalizaciones y una cirugía, gastos que fueron cubiertos únicamente por la familia materna.
Nuria interpuso la demanda de reconocimiento de paternidad en 2021. El proceso se prolongó debido a retrasos en la práctica de exámenes periciales y a que la primera muestra genética tomada en 2023 fue reportada como “dañada” por la Fiscalía, lo que obligó a realizar una segunda prueba en enero de 2024. Esta última confirmó el parentesco biológico.
Tras los resultados, el Poder Judicial ordenó al pintor cubrir pensión alimenticia, gastos escolares y atención médica para la menor. En audiencia judicial, Sanz ofreció inicialmente mil pesos mensuales, pero finalmente aceptó aportar cuatro mil pesos, inscripciones escolares y la afiliación al IMSS. El pago retroactivo permanece pendiente de resolución, luego de que ofreciera un terreno ejidal como forma de compensación, sin concretarse a la fecha.
El 24 de febrero de 2024, la menor fue registrada con el apellido paterno en el Registro Civil. Durante la diligencia, el artista reconoció su obligación de convivencia con la adolescente, aunque señaló que requiere tratamiento psicológico para iniciar el proceso.
El caso fue visibilizado públicamente por la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina, quien señaló que el expediente evidencia omisiones prolongadas en materia de pensión alimenticia y falta de resultados inmediatos por parte de las instancias judiciales.
Mientras se desarrolla este proceso, Max Sanz continúa su actividad artística con exposiciones recientes en espacios institucionales como el Museo de la Cámara de Diputados, además de haber sido incluido en una publicación que lo reconoce entre los 50 artistas plásticos mexicanos contemporáneos.
