El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, instó a los habitantes de San Agustín Amatengo a priorizar el diálogo y las vías institucionales para resolver las diferencias administrativas y políticas en el municipio, luego de los disturbios ocurridos en el Congreso estatal que derivaron en el secuestro temporal de la presidenta municipal, Italivy Sarahi Juárez Ramírez. En una entrevista, Romero detalló que se ha restablecido el diálogo con la comunidad y el cabildo, quienes demandan la separación del cargo de la autoridad local por presuntos desvíos de recursos y falta de transparencia. Sin embargo, enfatizó que cualquier discrepancia debe abordarse desde una perspectiva legal, rechazando categóricamente la violencia política, especialmente por razones de género, que vulnera los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio del poder público.
A pesar de reconocer la vulnerabilidad recurrente de las mujeres en cargos públicos, tanto en Oaxaca como en el país, el funcionario separó este aspecto del cumplimiento de obligaciones hacia la comunidad, afirmando que toda autoridad, independientemente de su género u orientación, debe responder con transparencia y eficiencia al pueblo. Romero informó que la Secretaría de Gobierno (SEGO) ya ha emitido su opinión al Congreso del Estado, urgiendo a los legisladores a analizar la problemática con claridad y visión integral, sin prórrogas innecesarias que podrían exacerbar la inestabilidad. Además, mencionó que se han realizado intervenciones inmediatas, como conversaciones directas con los pobladores que llevaron a su retiro de las instalaciones de la Fiscalía, evitando mayores conflictos, y anunció diálogos pendientes con la presidenta para explorar soluciones conjuntas.
En este contexto, el secretario condenó los actos ilícitos cometidos por 24 personas involucradas en los hechos, reiterando que ninguna lucha social justifica la violencia y que la actual administración no tolerará la impunidad. Subrayó la necesidad de acciones decididas para construir la paz social, con las instituciones como principales obligadas a actuar de manera clara, concreta y apegada al derecho, sin dilaciones que fomenten más tensiones en las comunidades. Finalmente, hizo un llamado respetuoso al Congreso para resolver el caso a la brevedad, en beneficio de la estabilidad municipal y estatal.
