Oaxaca se posiciona como la tercera entidad del país con mayor consumo de refrescos, con un promedio de entre 250 y 300 litros por persona al año, casi el doble del promedio nacional de 163 litros, según un reciente estudio basado en datos epidemiológicos, estudios de mercado y la distribución de la industria refresquera. El ranking, publicado por un medio nacional, coloca a Chiapas en primer lugar con 821.25 litros anuales y a Tabasco en segundo, con más de 300 litros, reflejando una problemática de salud pública en la región sur-sureste de México, donde el acceso al agua potable es limitado y la presencia de empresas refresqueras es notable.
La situación en Oaxaca, según Mauricio del Villar, integrante de la campaña “Por el derecho a una alimentación Sana y Nutritiva: Oaxaca Sin Chatarra”, está vinculada al preocupante aumento de diabetes infantil en el estado, que ocupa 57 de los 100 municipios con mayor incidencia a nivel nacional.
Del Villar destacó la agresiva estrategia comercial de las refresqueras, que aprovechan el rezago social y la falta de agua potable para inundar las comunidades con sus productos. En un recorrido de Oaxaca a Tlaxiaco, contabilizó 12 camiones de una sola empresa refresquera, evidencia de su fuerte presencia en la región.
Por otro lado, el activista señaló un “juego perverso” en el que estas empresas utilizan elementos de la cultura alimenticia tradicional, como el maíz y el frijol, para promocionar productos que afectan la salud.
Este alto consumo no solo vulnera el derecho a una alimentación nutritiva, especialmente en niñeces y adolescencias, sino que genera un impacto económico significativo. Una persona con diabetes puede gastar entre 80 mil y 90 mil pesos anuales en tratamientos, lo que podría saturar el sistema de salud en el futuro.
Del Villar subrayó que la decisión de consumir refrescos está influenciada por la saturación de estos productos en comunidades donde, en muchos casos, son más accesibles que el agua potable. Esta situación pone en riesgo la salud pública y evidencia la necesidad de políticas que regulen la presencia de la industria refresquera y promuevan alternativas saludables.
