Integrantes del «Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos», provenientes de 14 comunidades de los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, marcharon en la avenida Juárez, cerca del Parque El Llano, para exigir la cancelación de concesiones mineras otorgadas a empresas estadounidenses y canadienses.
Los proyectos San José y El Águila, operados por estas compañías, han generado contaminación en el agua, el aire y los ríos, incluyendo dos derrames en presas de jales del proyecto San José en los últimos dos años. Las comunidades denuncian que estas afectaciones, especialmente al agua, son irreversibles.
Neftalí Reyes Méndez, coordinador del área de procesos territoriales de Ducay, destacó que las concesiones, otorgadas desde 1994 por 50 años, se entregaron sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
Las comunidades han interpuesto amparos para detener las operaciones mineras, pero los juzgados aún no emiten una resolución. Mientras los procedimientos legales continúan, las empresas no tienen autorización para ingresar a los territorios. Los manifestantes exigen al juzgado primero de distrito que garantice los derechos de las comunidades y detenga las actividades mineras. Además, señalaron que el río Grande, en la cuenca del río Tehuantepec, ha sufrido contaminación, lo que agrava la crisis ambiental en la región.
La movilización, enmarcada en el Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, también visibilizó la falta de justicia por los asesinatos de los defensores del territorio Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez, ocurridos en 2012. Las autoridades no han avanzado en las investigaciones de estos casos, mientras las empresas mineras continúan operando sin rendir cuentas por los daños ambientales. La marcha provocó afectaciones viales en la avenida Juárez, impactando el tráfico en puntos como Vergel y Los Zapotes.
