Ciudadanos del municipio de Santiago Xanica, en Oaxaca, se manifestaron este lunes ante el Tribunal Electoral del Estado para denunciar irregularidades en el proceso de reelección de la presidenta municipal, Miriam Sulamita Díaz Luis. Representantes de una comisión comunitaria, respaldada por organizaciones locales y el pueblo en general, acudieron a una audiencia con magistrados en busca de una resolución favorable a sus demandas. Según expusieron, han presentado inconformidades previas de manera legal, pero estas han sido ignoradas hasta ahora, lo que les impulsó a presionar directamente en la sede judicial.
Entre las principales quejas destacan la falta de consenso comunitario en la designación de Díaz Luis, contraviniendo los sistemas normativos internos que exigen una asamblea consultada con agencias y participación ciudadana. Por ello, solicitan la anulación de su autoridad y la convocatoria a una elección democrática, donde la mayoría decida mediante votación cada tres años. Mientras tanto, el palacio municipal permanece tomado por los inconformes, quienes aseguran que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta satisfactoria. A pesar de la tensión, los manifestantes enfatizaron que han preservado la paz social en la cabecera y las agencias, reconociendo que representan a la mayoría frente a una minoría que ostenta el poder legal.
Además, los ciudadanos cuestionan la gestión de recursos durante el trienio anterior, con un presupuesto aproximado de 60 millones de pesos anuales más 50 millones adicionales por el fenómeno natural Agatha, sumando unos 110 millones en total. Señalan proyectos inconclusos en diversas agencias, como la electrificación abandonada en Santa María Coatepec, solo cuatro kilómetros de tubería para agua potable en la cabecera cuando se requerían once, obras pendientes en San Antonio Ozolotepec y un techado incompleto en la ranchería de San Jerónimo. Argumentan que no se rindieron cuentas claras en asambleas ni se explicaron las razones de estos retrasos, lo que genera inconformidad generalizada y demandas de transparencia ante las instancias estatales involucradas.
